¿Cómo nacieron los “dispensarios de cannabis medicinal en Chile”?

Recuerdo perfecto el día que conocí a Luis Quintanilla, la gran noticia había llegado poco antes: Un dispensario de cannabis medicinal había abierto sus puertas para cualquier persona con una prescripción médica. La sola idea, hasta ese momento, era impensable.

Conversamos, compartimos ideas, proyectos, nos apoyamos, nos hicimos amigos.

En esa época (poco antes y poco después del 2016) existía poca o nada infraestructura institucional para el movimiento cannábico. No se veía mucho además de los aislados esfuerzos de Fundación Daya, liderada en ese entonces por Ana María Gazmuri, de las valientes publicaciones de la Revisa Cáñamo y de las estóicas marchas de Movimental con Nicolás Espinoza sujetando fuerte el lienzo que cada año levantamos frente a La Moneda con la misma esperanza: No más presos por plantar.

Pero Luis Quintanilla se fue preso por plantar. Su pareja, Valeska Frías, quedó sola cuidando dos niños y atendiendo a padres y suegros de tercera edad con enfermedades varias. Juntamos plata y ropa para mandarle a Luis, hicimos rifas, bingos y videos, gritamos en la radio y en la tele, para que sacaran a nuestro amigo de la cárcel: un preso político. Con mucha ayuda, después de 70 días, lo logramos. 

Los detalles del proceso judicial son extensos, pero a modo de resumen y a riesgo de obviar elementos importantes: Luis Quintanilla se fue preso por “Cultivo de cannabis sin autorización”. No por narcotráfico, no por venta de marihuana, no por tenencia de armas de ningún tipo. 

Se fue preso porque no tenía permiso para plantar las plantas de las que venían las flores y aceites que sí tenía permiso para dispensar, un permiso que había solicitado en muchas ocasiones SAG e ISP, un permiso que fue requerido por la investigación para el encarcelamiento, un permiso que, luego informaría el SAG, no era necesario para este tipo de cultivos. Un caso inédito para la historia política chilena y, poco después, un caso de análisis mundial.

Mientras tanto, Dispensario Nacional, se cambiaba de sede por la ciudad, como una comunidad nómada arrancando. De a poco, lograban atender a una cantidad pequeña de socios, no podían recibir más gente. La ley los protegía, pero la policía no y así, me tocó de muy cerca, observar cómo es que una mala ley puede amenazar a una linda familia chilena y atacar a tantos pacientes alrededor. Pero prosperaron, con un esfuerzo enorme.

Se va a cumplir una década desde esa época tan triste, la familia está junta y Luis, afortunada y merecidamente, ha dado un paso al lado de la dirección del proyecto. Ana María Gazmuri logró, con un tremendo esfuerzo, introducir una indicación en la ley 20.000 que ratifica y ampara el uso medicinal de cannabis con prescripción médica y las asociaciones para usuarios medicinales han podido prosperar en distintas partes del país. 

Junto con nuevas sedes de Dispensario Nacional, muchas otras corporaciones para usuarios medicinales han proliferado y, en un tiempo récord, se ha creado una red de acceso a pacientes en todo el país. Eso, hace muy poco tiempo, era impensable.

Me gusta esta historia, recordar que las cosas no se hacen solas, que algunos pagaron un alto precio para conseguir lo poco que hoy tenemos. Aunque está lejos de ser perfecto, es una victoria para nuestra comunidad. 

Dispensario Nacional, con grandes desafíos, ha logrado transformarse en una corporación de escala nacional, por ahora. Las dificultades son muchas y se actualizan. Pero veo con asombro cómo se sostienen nuevas sedes en Chile, dejando en evidencia lo profundamente importante y necesario que es el acceso al cannabis de calidad en un entorno seguro. Espero no se nos olvide lo difícil que fue lograr esto.

Fui el paciente número 20 de Dispensario Nacional, año 2017 y hoy, casi 10 años después, estoy orgulloso de seguir siendo un socio estable y ver que un sueño se puede hacer realidad, aunque todavía falta mucho, tener asociaciones para usuarios medicinales en Chile es un logro importantísimo.