La venta de semillas y productos para el cultivo en España están siendo cuestionados tras la investigación a un growshop local
Benjamín Jacob
Periodista
Hasta cuatro años de prisión y una multa de 1 millón de dólares es lo que está pidiendo la Fiscalía española, tras una extensa investigación contra un grow shop en Almería. Las acusaciones son porque según la investigación, el grow shop cometió un delito de salud pública tras facilitar los implementos para el cultivo de cannabis.
Esta investigación comenzó en 2020 encabezada por la policía nacional, quienes allanaron algunas tiendas de cultivo e incautaron bolsas con cogollos. Esto fue el primer paso para que comenzaran a poner en duda todo lo vinculado con este tipo de negocios.
La fiscalía acusa al grow shop de Almería de abastecer a cultivadores de cannabis a gran escala, y que más encima tenían conocimientos de que los artículos que vendían tenían como objetivo generar plantas que posteriormente se venderían a terceros.
Otra de las acusaciones que indicó la fiscalía, es que las semillas que vendían en la tienda no estaban en el catálogo común de variedades de plantas agrícolas aprobado por la Unión Europea. Con esto, se quiere demostrar que el grow shop era una pieza fundamental de la estructura para el cultivo ilegal de cannabis.
La defensa de los acusados alegó que sus productos eran legales, y que su rubro está amparado por la ley. El resultado del juicio todavía no se determina, pero en caso de tener un resultado negativo, puede traer coletazos a todos los grow shops establecidos en España, cerrando el mercado de ese país.
