En un controvertido operativo en la provincia de San Luis, la policía incautó 680 plantas de cannabis destinadas a un proyecto de investigación científica autorizado por el Ministerio de Salud nacional. Pese a que el cultivo contaba con permisos legales, las autoridades celebraron públicamente la incautación como un “récord”, estimando su valor en tres millones de pesos (aproximadamente 2.800 euros).
La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, defendió el decomiso como parte de un supuesto “cambio de paradigma político”, pero las pruebas presentadas ante el Juzgado Federal indican que el desarrollo estaba enmarcado en un programa científico para estudiar los usos medicinales del cannabis.
El detenido, un hombre de 33 años cuya identidad no ha sido revelada, permanece bajo custodia, mientras su abogado, Alfredo García Garro, denuncia el caso como un grave error judicial. Según Garro, “todo lo incautado eran plantines autorizados para investigación y no tenían relación con la producción de estupefacientes”.
