¿Cuál es el problema? 

Durante los últimos meses han aumentado los allanamientos, detenciones y condenas amparadas en la ley 20.000 (ley que sanciona el TRÁFICO ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas). En lo que concierne al cannabis, el 80% de las detenciones efectuadas corresponden a usuarios que cultivan su propia marihuana y no a traficantes de la misma. Todo dentro de un contexto en donde esta clase de prácticas represivas sólo pueden ser consideradas como anacrónicas. Desde Fundación Daya, indican que, durante los primeros 5 meses del 2020, los casos de criminalización de usuarios de cannabis superaron la cifra de los años 2018 y 2019. El tema es crítico.

Recordemos que el consumo de cannabis aumenta constantemente a nivel mundial. Este aumento no sólo se explica por la aparición de estudios e investigaciones que desmitifican varios prejuicios asociados a la planta, sino que también se basa en los beneficios terapéuticos que conlleva su consumo de forma medicinal. Tampoco dejemos de lado el hecho de que el autocultivo es una de las herramientas que se han propuestos para combatir el narcotráfico.

¿Quiénes suscriben las ideas de la carta?

Karol Cariola – La diputada es la principal responsable del proyecto de Ley Cultivo Seguro. El mismo fue despachado hace años al Senado, pero, a pesar de que se han prometido conversaciones y acuerdos sobre el mismo, el tema se encontraba detenido. La entrega de esta carta sirvió para que se reactivara el proceso, aunque esto no significa que la ley vaya a ser promulgada en la proximidad de los días, lamentablemente.

Paulina Bobadilla – Alcaldesa de Quilicura, fundadora de la ONG Mamá Cultiva. Esta es una fundación de madres con hijos cuyos problemas no logran ser completamente solucionados por la medicina tradicional. El cannabis medicinal es ciertamente una de sus principales cartas, pues los resultados que han tenido, según sus propias palabras, son maravillosos. En la misma línea, esta organización alega que las principales afectadas por la persecución desmedida son madres, agregándole otro punto a este tremendo problema.

Ana María Gazmuri – Directora de la Fundación Daya, encargados de proveer cifras que alimentan el presente debate. La Fundación Daya ha sido un pilar fundamental en la lucha por la descriminalización, centrándose en la mitigación del sufrimiento del paciente (que es una de las áreas donde el cannabis funciona medicinalmente). Puedes revisar el Instagram de En Volá, en donde Simón Espinosa y Ana María Gazmuri hablaron profundamente de este tema.  

Dentro de los datos que provee la fundación, se destaca que los usuarios de cannabis medicinal ascienden 1.900.000 personas, las mismas que se encuentran con peligro de cárcel debido al ensañamiento de las autoridades. El tema toma los colores de una crisis si sumamos el hecho de que, dentro de la región, somos el país con más procesados por autocultivo.

¿Por qué pues la demora en la promulgación de estas leyes? 

Como comentamos en la nota anterior , los principales reparos de los implicados en despachar esta ley tienen que ver con el concepto de “medicinal” que manejamos en Chile. Es importante entender que la definición del concepto “medicamento” ciertamente está en tensión, puesto que el uso que distintos usuarios le dan al cannabis, si bien no cumple con la totalidad de los rígidos estándares para que una sustancia sea considerada “medicinal”, sí contribuye al bienestar del afectado. Esta realidad que es innegable y nuevamente se ve ensombrecida por prejuicios que no necesariamente apuntan a mejorar la vida de las personas. 

Repite el último capítulo de Mañanero, y participa en la conversación de Profe Pau e Ignacio Socías al respecto de este tema.