“Cambiar esta alarmante realidad es un desafío país, no basta sólo con el esfuerzo del Director del Senda y todo el equipo de este Servicio, es un desafío de la sociedad chilena entera. Acá hay que tener acuerdos sociales profundos y transversales en cuanto a los daños que causa la marihuana y otras drogas a la juventud chilena”, aseguró Carlos Charme, el Director Nacional de Senda.

Al Igual que Carlos Charme y todo Senda, yo también estoy alarmado por la manera en que el consumo adolescente aumenta en este país. Hoy vemos que los adolescentes tienen una percepción de riesgo a la baja sobre el consumo de marihuana, y nada parece poder sacar la idea de que una planta “natural” no pueda ser peligrosa, o que muchos jóvenes piensen que consumir marihuana para estar “tranquilo” antes de entrar al colegio es un consumo medicinal. También estamos de acuerdo en que los acuerdos sociales profundos y transversales son la única manera de solucionar este problema, a juicio mío, de salud pública.

Donde comenzamos a discrepar con el Director Nacional del Senda, es que estos discursos no son consecuencia de una maquinación de algunos “Actores Públicos”, como propone Charme , sino que son el resultado de la política de drogas fallida que Chile ha sustentado en los últimos 25 años. No es un problema de su gestión en particular, pero sí está en sus facultades contribuir a enmendar este camino.

La política de drogas en Chile se caracteriza por una versión castigadora del Estado, y en donde consumir cannabis parece más un problema de seguridad ciudadana que de salud pública. De esta manera, la principal forma en la que se controla el consumo es a través del miedo: ya sea en una versión policial, encarcelando a consumidores; o en una versión mediática, al estilo de la propaganda del CONACE “vuelve a ser inteligente”.

Ambas formas muestran una versión del consumo de marihuana tan ajeno a la realidad que hace imposible para un joven o adulto consumidor replantear su consumo o intentar comprender el subyacente mensaje de autocuidado que trae la campaña. Por el contrario, este tipo de posturas exacerbadas han mostrado generar rechazo a la postura institucional, quedando invalidada su opinión, algo que muestra el estudio “Percepción social de la marihuana en jóvenes y adolescentes” , que la misma institución realiza.

Cuando Carlos Charme, declara: “Vamos a combatir el consumo de marihuana con la principal herramienta que tenemos, la prevención basada en la evidencia, versus lo que estamos viendo en algunos actores públicos, que sustentan sus declaraciones en opinología o en el imaginario colectivo”, se presenta de manera intransigente frente a la ciudadanía, obligando a las personas a contrastar sus experiencias con aquellas que describe la institución como ultrapeligrosas.

Tal como explican Slapak y Grigoravicius, este desacople entre las representaciones personales e institucionales vuelve obtusa la postura de aquellos que escuchan el mensaje de prevención y deja abierta la puerta a argumentos que contradicen a la institución, sin importar su asidero científico, derivando en ideas erróneas como que el consumo de marihuana no tiene riesgos aparejados . Y acá radica el principal riesgo, el riesgo de mantener una postura moralista y dogmática es que produce una incapacidad de diálogo, dejando a cualquier arreglo, ley o acuerdo social alcanzado por la institución, sin una base común con las personas.

Lo lógico a mi parecer, es que una política de drogas no pretenda decir lo bueno o lo malo, sino que vea en términos empíricos los problemas. La marihuana es una droga de consumo común en Chile y en los últimos años ha aumentado significativamente, algo que sigue la tendencia mundial, pero que cobra especial fuerza en nuestro país, sin que la normativa prohibicionista haya conseguido avances para revertirla. En contraste, tenemos otros Estados alrededor del mundo que han probado nuevas políticas mucho más permisivas y sustentan menos consumo adolescente que el chileno , lo que indica que una política de reducción de daños no implica un aumento del consumo, sino que depende del arreglo social vigente en la sociedad.

Lograr una política de drogas que permee a la sociedad pasa también por validar las experiencias de las personas, buscando generar vínculos con aquellas agrupaciones cannábicas que sí parecen tener influencia sobre la información que tienen los consumidores. Generar un arreglo con estas instituciones es fundamental a mi parecer para cambiar la percepción del público sobre el cannabis y sus efectos. Esto también nos obliga a nosotros, las organizaciones no gubernamentales, a ponernos a la altura del debate científico y político que requieren las drogas, y obliga a los consumidores a ser responsables de sus acciones con sus pares.